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Ley 4.240. Modificación artículos de la Ley 3.330
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Ley 4.240. Modificación artículos de la Ley 3.330

Título: MODIFÍCANSE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 3330, MARTILLERO PÚBLICO DE LA PROVINCIA

Fecha Registro: 29/11/1996

Detalle:

RAWSON 29 DE NOVIEMBRE 1996

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 11º, 12º, 13, 14º, 15º, 19º y 23º de la Ley 3330, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 1º.- Para ser Martillero Público de la Provincia se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;
b) Poseer título de enseñanza secundaria expedido o revalidado en la República Argentina con arreglo a las reglamentaciones vigentes;
c) Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponda a la Cámara de Apelaciones interviniente;
d) Constituir una garantía real o personal a la orden del Superior Tribunal de Justicia, cuya clase y monto serán determinados por el mismo Tribunal con carácter general;
e) Aprobar un examen de idoneidad que deberá rendirse en forma oral y escrita por ante la Cámara de Apelaciones que corresponda a la circunscripción judicial en que la que pretenda actuar el solicitante. El examen versará sobre materias de derecho civil , comercial y procesal civil y comercial y, en especial, lo referido a la actuación de los martilleros como auxiliares de la justicia;
f) La Cámara de Apelaciones remitirá todas las actuaciones conjuntamente con el examen de idoneidad aprobado al Superior Tribunal de Justicia, a los efectos de la expedición de la matrícula respectiva.
Artículo 2º.- Están inhabilitados para desempeñarse como martilleros:
a) Quienes no puedan ejercer el comercio;
b) Los fallidos mientras dure su inhabilitación de conformidad con las disposiciones de la Ley 24.522;
c) Los inhibidos para disponer de sus bienes;
d) Los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafa y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública, hasta después de DIEZ (10) años de cumplida la condena;
e) Los inhabilitados por las causales del artículo 152º bis del Código Civil.
Artículo 3º.- La matrícula será otorgada por el Superior Tribunal de Justicia con la sola acreditación de la aprobación del examen por ante la Cámara de Apelaciones que hubiere intervenido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º incisos e) y f) de esta ley. Deberá ser expedida dentro de los TREINTA (30) días de recibido los antecedentes aludidos por el inciso f).
La matrícula habilita automáticamente al martillero a ejercer su profesión.
Artículo 6º.- La garantía a la que se refiere el artículo 1º, inciso d) es inembargable y queda afectada exclusivamente al pago de los daños y perjuicios que causare su actividad profesional.
Artículo 11º.- El martillero tiene derecho a per-cibir honorarios del comprador por subastas realizadas en remates judiciales, como así también al pago de los gastos necesarios para dar cumplimiento a su cometido. Tales derechos no alcanzan a los martilleros dependientes, contratados o adscriptos a casas de remate o consignaciones que perciban por sus servicios sumas previamente convenidas.
En defecto de acuerdo con quien promueve la subasta, los honorarios del martillero se fijarán de la siguiente forma:
a) Por la venta de bienes inmuebles el TRES POR CIENTO (3%);
b) Por la venta de bienes muebles no registrables el DIEZ POR CIENTO (10%);
c) Por la venta de hacienda en general el CINCO POR CIENTO (5%);
d) Por la venta de aeronaves, buques, lanchas, automotores, remolques, acoplados y demás bienes muebles registrables el CINCO POR CIENTO (5%);
Al aceptar el cargo, podrá acompañarse el convenio de honorarios pactado con el ejecutante. En caso de fijar porcentajes superiores a los previstos en esta Ley, la diferencia será a cargo del ejecutante.
En caso de efectuarse el remate, las comisiones serán a cargo del comprador, con excepción del realizado con pluralidad de comitentes, en exposiciones rurales, ferias y mercados, los que estarán a cargo de comprador y vendedor por partes iguales, sin perjuicio de la que el rematador convenga con el comitente, a cargo de éste.
A los fines del cumplimiento de su cometido, el martillero deberá estimar detallada y previamente la suma máxima a destinar a gastos, la que podrá ser reajustada por aumentos imprevistos. Si así lo solicitare, el Juez de la causa intimará al ejecutante y/o a quienes impulsen la subasta para que consigne el importe de la suma estimada, bajo apercibimiento de ordenar la paralización de los autos y quedar facultado el martillero para dar por cumplido su cometido. Si el martillero hubiere solventado los gastos de la subasta, podrá retenerlos del importe que perciba de su comprador siempre y cuando hubiese sido judicialmente aprobada en forma previa a la subasta la rendición de los gastos efectuados.
Los gastos que demande la subasta serán a cargo del obligado al pago de las costas, con los privilegios de los gastos causídicos.
En los casos en que el martillero actúe como perito tasador, percibirá en concepto de honorarios un monto de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo que correspondería como comisión en caso de subasta de bienes similares, y el Juez interviniente lo fijará sobre la base del monto resultante de la pericia una vez aprobada la misma y los trabajos efectivamente realizados. En caso de no ser aprobada, la base para determinar el honorario será el valor fiscal del bien.
Artículo 12º.- En los casos en que iniciada la tramitación del remate el martillero no lo llevare a cabo por causas que no le fueren imputables, tendrá derecho a percibir la comisión que determine el Juez de acuerdo con la importancia del trabajo que hubiere realizado con más los gastos efectuados. Igual derecho tendrá si el remate fracasare por falta de postores.
La comisión así determinada no podrá ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) ni superior al VEINTE POR CIENTO (20%) de lo que hubiese correspondido como comisión de haberse realizado la subasta si se publicaron los edictos, ni inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al CUARENTA POR CIENTO (40%) si tuvo lugar el secuestro de los bienes y/o su constatación.
Artículo 13º.- La comisión se determinará sobre el precio obtenido en la subasta. Si la venta no se llevare a cabo, en defecto de acuerdo de partes, la comisión se determinará sobre el valor fiscal del bien a subastar.
Artículo 14º.- En los supuestos contemplados por el artículo 12º de la presente Ley, el martillero podrá solicitar la regulación de la comisión que le correspondiere y ejecutar el crédito que resulte por dicho concepto con más el de pago de los gastos realizados.
Acreditada la imposibilidad de pago por parte del ejecutado, el martillero podrá continuar la acción sin más trámite contra la otra parte del principal.
Artículo 15º.- Los martilleros pueden constituir sociedades de cualquiera de los tipos previstos por la Ley 19.550 con el objeto de realizar exclusivamente actos de remate. No podrán constituir sociedades cooperativas a tal fin.
Artículo 19º.- Se prohibe a los martilleros:
a) Tener participación en el precio que se obtenga en el remate a su cargo, no pudiendo celebrar convenios por diferencias a su favor o de terceras personas;
b) Ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la sociedad a la que pertenezca se efectúen remates por personas no matriculadas. En caso de ausencia, enfermedad o impedimento grave del martillero, debidamente acreditados ante la autoridad de la matrícula, podrá delegar el remate en otro matriculado, sin previo aviso.
c) Comprar por cuenta de terceros, directa o indirectamente, los bienes cuya venta se les hubiere encomendado;
d) Comprar para sí los mismos bienes, o adjudicarlos o aceptar posturas sobre ellos, respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, socios, habilitados o empleados;
e) Suscribir el instrumento que documenta la venta sin autorización expresa del legitimado para disponer del bien a rematar;
f) Retener el precio percibido o parte de él, en lo que exceda del monto de los gastos convenidos y de la comisión correspondiente;
g) Utilizar de cualquier forma las palabras judicial, oficial o municipal, cuando el remate no tuviera tal carácter, o cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o confusión.
h) Aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su admisión en la publicación, salvo el caso de leyes que así lo autoricen;
i) Suspender los remates existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado base la misma no se alcance.
Artículo 23º.- Ninguna persona podrá anunciar o realizar remates sin estar matriculada. Quienes infrinjan esta norma serán sancionados por la Cámara de Apelaciones de la circunscripción correspondiente con una multa de hasta PESOS DIEZ MIL ($10.000), y además se dispondrá la clausura del local u oficina respectivas; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. A los efectos de constatar la infracción a las normas de la presente, la Cámara de Apelaciones respectiva podrá disponer el allanamiento de domicilios. En todos los casos, las sanciones de multa y clausura podrán ser recurridas ante el Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY Nº 4240-1996

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